El gobernador de Oregón, John Kitzhaber, acaba de suspender la aplicación de la pena capital en el estado que gobierna. El veterano gobernante demócrata declara que se niega a tomar lo que considera «una decisión injusta» y anuncia su intención de que no haya más ejecuciones aprobadas legalmente, al menos durante el resto de su mandato. “Simplemente me niego a participar en algo moralmente incorrecto”, dijo.
Además de los motivos éticos, los argumentos del gobernador para suspender la vigencia de la pena de muerte son que ésta no ha contribuido de forma clara a la seguridad del estado, añadiendo que “desde luego tampoco nos ha convertido en una sociedad más noble”. Kitzhaber también critica el actual sistema penitenciario, acusándolo de ”inoperante”, ya que la media de espera de un reo en el llamado corredor de la muerte para ser ejecutado es de 20 años. El máximo representante de Oregón tiene también motivos personales para suspender la pena capital. Pese a ser un detractor de la pena de muerte, como gobernador firmó dos permisos de ejecución al principio de su primer mandato, en 1996 y 1997. Kitzhaber explica que «estas han sido las decisiones más terribles y difíciles de mi mandato como gobernador, y siempre me he arrepentido de tomarlas».
En la actualidad hay 101 países en el mundo que aprueban la pena de muerte en sus textos legales. De ellos, 58 la ponenen práctica habitualmente, y Estados Unidos es, junto a Arabia Saudí, China, Irán y Yemen, el país del mundo que más sentencias ejecuta al año. De sus 50 estados, sigue vigente en 36, y Oregón es uno de ellos. Desde que fue aprobada en 1984, sólo se aplicó en dos casos, pero el estado aún mantiene a 37 reos en el corredor de la muerte. Con su decisión, el gobernador deja en suspenso la ejecución a un preso prevista para diciembre, tras varios años de espera. Además, pretende que la prohibición se mantenga cuando él abandone el cargo, por lo que está dispuesto a reformar radicalmente el sistema a lo largo de 2013, con un debate social previo en el que quiere involucrar a toda la ciudadanía de Oregón.
